viernes, 8 de septiembre de 2017

¿Enriquecimiento injusto?



Ana P. Botín
Una noticia publicada ayer en el diario digital EL ESPAÑOL, me induce a volver a escribir sobre este tema. Giro en la estrategia jurídica contra la compra del Popular por un euro por parte del Banco Santander. Un grupo de inversores está ultimando una demanda contra la entidad que preside Ana Botín por enriquecimiento injusto.
Hasta ahora todas las demandas se dirigían contra los equipos gestores, la auditora, y las autoridades bancarias, nacionales y europeas. Este planteamiento contra el banco adquirente es nuevo.



El enriquecimiento injusto se ha definido por nuestra doctrina como aquel supuesto en el cual una persona, a consecuencia de un desplazamiento patrimonial verificado de acuerdo con los requisitos exigidos por un ordenamiento jurídico concreto, experimenta un acrecimiento de su patrimonio activo a costa de otra persona, pero en circunstancias tales que pugnan con los postulados de la justicia y equidad cristalizados en el propio ordenamiento positivo o apreciados por el juez libremente en cada caso (Álvarez Suárez).

Así la ampliación de capital de 7.072 millones realizada por el banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, trata de justificar la necesidad que el banco Popular tenía de recapitalizarse.
Algo que choca tras los informes; primero de Oliver Wymann en 2012 que cifraba las necesidades de capital en 3.223 antes de la ampliación realizada por 2.500 millones y después, tras los tests o pruebas de stress realizadas en 2014 por el BCE  (Banco Central Europeo) y en 2015 por la EBA (Autoridad Bancaria Europea). Ambas pruebas fueron superadas por el banco Popular que además volvió a realizar en junio de 2016 una nueva ampliación de 2.500 millones. En total 5.000 millones. Y no se descartaba una tercera ampliación que no pudo ni llegar a plantearse.
Indefensión total de los accionistas, que en unas horas la noche del 6 al 7 de junio pasado, vieron esfumarse sus ahorros. Nocturnidad, premeditación y alevosía. Las tres cosas concurrieron.
 Si la operativa corriente del banco era positiva y el lastre de sus activos inmobiliarios había superado esas anteriores pruebas, ¿Cómo es posible que ya en plena recuperación del mercado inmobiliario, estos activos pudieran lastrar la solvencia del banco más que antes?
Informe inmobiliario Bankinter 2017
Es casi evidentemente claro que esa no puede ser la razón de lo ocurrido. Y solo el pánico creado desde instancias internas (Emilio Saracho, presidente del banco Popular) y externas (Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución), precipitaron una medida innecesaria para acabar con la vida de uno de los bancos más rentables del mundo, auxiliados por nuestras AA.PP. que colaboraron en la retirada de fondos masivamente.
Todo, justo en el momento que su patrimonio inmobiliario podía entrar en una senda de revalorización, al compás del incremento contrastado del mercado inmobiliario (ver informe de Bankinter). Algo que si no se corrige, judicial o extrajudicialmente, irá a engrosar los fondos del banco de Santander con un multiplicador exponencial, en detrimento de los accionistas y otros inversores del banco Popular. Todo ello sin contar con los miles de millones que revertirán  al banco de Santander en forma de créditos fiscales a lo largo de los próximos ejercicios.