viernes, 28 de abril de 2017

Moción de censura no, gracias

Podemos, en rueda de prensa, anunciado su moción.
Que hemos vivido un período triste desde el punto de vista político y que aun lo seguimos viviendo, no es ya ninguna novedad. La corrupción se ha extendido por España como una mancha de aceite. Desde todas las esferas de poder, ya sean locales, regionales o nacionales; el robo, la mordida o el cohecho, han sido prácticas habituales de muchos políticos que acudieron al enriquecimiento fácil y cobarde a través del desempeño de sus cargos públicos. Ministros como Jaume Mata, alcaldes como Jesús Sepúlveda o presidentes regionales como Ignacio González, utilizaron todas las potestades que sus puestos les proveían, para su propio beneficio. Recalificaciones, adjudicaciones, compras o cualquier otro acto administrativo donde hubiese dinero, les servía para distraer una parte del mismo y pasar a engrosar sus cuentas corrientes en España o en el extranjero. Creando para ello entramados empresariales que les permitían ocultar en un principio la verdadera titularidad del botín.
Sería inocente pensar que esto solo ha ocurrido ahora, es decir, en los últimos 15 o 20 años. La corrupción siempre ha existido. Lo que ha ocurrido ahora y principalmente tras la introducción del euro, es que las cantidades sustraídas son astronómicas. Multiplicar nuestra moneda por más de 166 tuvo un efecto psicológico tremendo. Pasabas de hablar de 10 millones de pesetas a sesenta mil euros, nada, una bagatela. Y la cosa fue creciendo y creciendo…de tal manera que, el millón de euros era ya la mordida habitual, a poco que el cargo público manejase o dispusiese de presupuestos que años atrás eran impensables.
Que la corrupción no distingue de partidos políticos también es otra obviedad. Lo importante es el poder, teniendo poder el resto era “coser y cantar”. Y así, el Partido Popular, el PSOE o CiU, partidos de gobierno, bien nacional, autonómico o local, han sido los que más han metido mano en la caja. El resto, sencillamente no podían, no manejaban presupuestos ni tenían poder de decisión, aunque algún caso aislado también ha habido.
Que además la corrupción va ligada a la altura moral de la persona es también algo simple y que el corrupto siempre encuentra justificada su acción por su “bajo sueldo” y el “gran esfuerzo” que hace por el interés general es otra realidad.

Así con estos ingredientes se convirtió la corrupción en España en un problema de Estado. Su influencia sobre los precios, el empleo y la economía en general, ha sido desgarradora.

¿Soluciones?
Bueno, la moción de censura que plantea Podemos, no lo es, sino se corrigen antes otros factores que eviten el dispendio de los caudales públicos. Además este partido tuvo su oportunidad en 2015, tras las elecciones de diciembre, de haber influido y colaborado en la formación de gobierno, pero prefirió seguir con la vista puesta en una improbable ascensión de votos que tras juntarse con el partido comunista se convirtió en una detracción de votos, que aún no ha acabado. Ahora pretende nuevamente rentabilizar la corrupción a sus intereses, sin aportar medidas para corregirla.
Para mí la solución pasa por conjugar varios verbos:
Retribuir, denunciar, instruir, juzgar y condenarTodo ello con la máxima celeridad posible sin dejar que pasen los años y los años, apelando una complejidad inexistente. Con medios suficientes y adecuados, no hay complejidad.
Es decir, lo primero retribuir a los cargos públicos con sueldos o salarios acorde a los tiempos que corren, y similares a los que se dan en el sector privado. Un alcalde de una ciudad como Madrid, no puede tener un sueldo de 90.000 €. La tentación es muy grande. Además hay que atraer a los mejores para lo público, en ello nos va la prosperidad y el bienestar como nación.
Que funcionarios y ciudadanos estamos obligados a denunciar cuando veamos prácticas ilícitas, al igual que policía, fiscales y jueces están obligados a dar curso e investigar las denuncias, es algo básico para que la ejemplaridad y el orden sean los referentes de nuestros cargos públicos. Instruir aquellas denuncias con evidentes indicios de criminalidad, para juzgar y condenar a sus autores, con penas muy duras que incluyan la desposesión de todo bien del condenado hasta que se restituya el total de lo robado.
No podemos permitirnos que los denunciantes de corrupción sean las víctimas, que mandos policiales paren investigaciones, que fiscales den órdenes contrarias a lo que dictan las leyes o que jueces archiven casos cuyos indicios son evidentes. ¡Así No!